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Compensación para Víctimas de "Octubre Negro" en Bolivia tras 20 Años



El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, indemnizarán a las familias de ocho de las víctimas de los enfrentamientos antigubernamentales que tuvieron lugar en 2003 en El Alto y sus alrededores. Este acuerdo pone fin al proceso civil que las familias habían impulsado en Florida, Estados Unidos, durante 16 años. Aunque los detalles financieros del acuerdo se mantienen confidenciales, no implica que los acusados acepten responsabilidad por los eventos en cuestión. Esta sentencia se logró bajo la ley estadounidense de Protección a las Víctimas de Tortura.


El juicio se centró en los eventos de octubre de 2003, cuando 58 manifestantes murieron en enfrentamientos contra el entonces presidente Sánchez de Lozada. Un exsoldado que participó en la masacre declaró que los militares habían recibido órdenes de disparar contra "todo lo que se moviera" para permitir que un convoy de cisternas con gasolina atravesara el bloqueo de calles en El Alto. El proceso judicial se desarrolló bajo la ley estadounidense debido a que ambos acusados se habían asilado en los Estados Unidos tras huir de Bolivia. Esta sentencia es vista como una victoria para el gobierno boliviano y marca precedente al ser uno de los pocos casos en los que un exjefe de Estado comparece ante la “justicia civil”.


El canciller boliviano afirma que la sentencia es una gesta de la lucha popular y destaca que queda pendiente la extradición de los acusados para que enfrenten la justicia boliviana. Gonzalo Sánchez de Lozada, apodado "Goni", huyó de Bolivia en 2003, cuando la población se movilizó en lo que se conoció como la "Guerra del Gas" en oposición a la venta de gas a Estados Unidos a través de Chile. El acuerdo extrajudicial se alcanzó con las familias de ocho indígenas fallecidos en los enfrentamientos de ese año, poniendo fin a un proceso judicial de 16 años. La sentencia inicial ordenaba a los acusados pagar 10 millones de dólares a las víctimas, pero esta decisión fue apelada y finalmente cancelada por ambas partes.


Escrito por: Fabricio Antezana Duran

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